Solo 11 de las más de 700 mociones presentadas han sido aprobadas por la comisión

Eugenia Soto Morales – El Financiero

Cuando arrecia la presión por modificaciones al proyecto de “Ley de solidaridad tributaria”, los promotores de la reforma se muestran reacios a introducir cambios trascendentales al texto que estudia una comisión especial en la Asamblea Legislativa.

Solo un 2,8% de las 386 mociones de fondo vistas por la comisión encargada de dictaminar el proyecto han sido aprobadas.

Es férreo el dominio sobre este foro de Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), aliados en el esfuerzo por que la reforma fiscal supere con éxito los trámites legislativos. De los nueve legisladores que conforman la comisión, cinco pertenecen a estas bancadas y dos más simpatizan con el proyecto.

Con esa conformación no es de extrañar que de las 11 mociones aprobadas, solo dos alteren con algún grado de importancia los términos que regirán del impuesto sobre la renta.

Las restantes nueve modificaciones al texto, que llegó a Cuesta de Moras después de un sorpresivo e histriónico acuerdo entre la presidenta Laura Chinchilla y Ottón Solís, fundador del PAC, son de menor monta.

Marcha forzada

Para estudiar las casi 400 mociones restantes, la comisión trabaja a marcha forzada y con el reloj en contra.

Sesiones diarias dobles, con jornadas que se extienden hasta las 11:00 p.m., incluyendo sábados y domingos, no fueron suficientes para coronar el trabajo, y el Plenario extendió una semana más su la vigencia. El nuevo límite para discutir mociones sería el 13 de noviembre, quedando para el 21 el dictamen del texto.

Aún con un plazo por cumplir y teniendo la alternativa de votar las mociones pendientes sin debate, los promotores de la reforma buscan cuidarse las espaldas y evitar el campo minado de potenciales inconstitucionalidades en el proceso que le tienden los libertarios y rojiazules.

“El método de trabajo en esa comisión ha sido rechazar, casi sin leer, toda moción firmada por diputados del Movimiento Libertario”, acusó Patricia Pérez, legisladora de esa bancada.

“Muchas mociones son ocurrencias. Recuerdo una que eximía del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los equipos médicos que compre la CCSS, cuando eso ya es así por mandato constitucional”, defendió Manrique Oviedo, jefe de la bancada del PAC.

Enmiendas urgentes o simples mecanismos dilatorios, lo cierto es que los esfuerzos de los opositores por dejar su sello en el proyecto han topado con pared.

Trato especial para mypymes

El principal cambio hecho hasta el momento no fue una victoria de la oposición, sino cosecha del Gobierno. Se trata de la moción impulsada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para establecer tarifas del impuesto sobre la renta diferenciadas para las micro y pequeñas empresas (mypyme).

El cambio permitirá que aquellas mypymes inscritas como tales en el MEIC y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) paguen sobre las utilidades que perciban al año, no sobre los ingresos, como estaba establecido.

Las que registren ganancias superiores a los ¢4,8 millones pagarán el 10% de impuesto sobre la renta; las que perciban entre ¢4,8 millones y ¢8,8 millones tributarán el 15%, y por encima de este monto, la tarifa queda en 25%.

“En principio, creo que es correcto gravar sobre las utilidades y no sobre los ingresos brutos. El problema es la creación de distorsiones, de fraccionamientos artificiales de empresas cuando lo más sano es tener una tarifa uniforme para la totalidad de las compañías”, opinó Allan Saborío, socio director de Deloitte y experto en materia tributaria.

Otro cambio de peso relativo es la creación de un nuevo tramo para el cobro de la renta de los trabajadores asalariados. Aquellos asalariados que perciben más de ¢7 millones verán sus rentas gravadas en un 25%.

Cosméticas

Las restantes mociones representan cambios o aclaraciones más de carácter cosmético como la exoneración del IVA a los insumos para la pesca; la inclusión de las donaciones a juntas de educación del Ministerio de Educación Pública entre los gastos deducibles de renta; y la inclusión de las Mutuales de Ahorro y Préstamos entre las entidades que no pagarán ese tributo.

Otras mociones aprobadas tienen poco que ver con materia fiscal. Tal es el caso de la inclusión del Banco Popular entre las entidades bancarias con las cuales el Gobierno y sus empresas pueden hacer depósitos y operaciones en cuentas de ahorro o corrientes.

Incólume

Con esta alineación de cambios de poca monta, es claro que el pacto Chinchilla-Solís ha logrado sobrevivir hasta el momento incólume durante las sesiones de la comisión.

Los 18 puntos negociados entre los líderes se han mantenido; sin embargo, todavía algunas mociones podrían introducir algunas enmiendas en temas que han sido candentes desde el arribo del nuevo texto a Cuesta de Moras.

Zonas francas, el IVA sobre los servicios financieros y las comisiones de las operadoras de pensión, y la canasta básica seguramente ocuparán el centro del debate en las últimas semanas de la comisión. El hermetismo del plan fiscal será puesto a prueba.