Déficit político, antes que fiscal

  • Estado de la Nación advierte que es impostergable tomar medidas institucionales para tratar de revertir brechas crecientes
  • Costa Rica debe resolver su déficit político, antes que el fiscal.

Si bien el faltante de recursos públicos es abultado, más lo es la carencia de decisiones.

La ausencia de ese ejercicio político se refleja en varios ámbitos, como leyes aprobadas, que siguen lejos de lo que exige el país y en varios casos cuesta concretarlas por falta de financiamiento.

Este déficit también se refleja en el estancamiento de la pobreza, área en la que varios planes no logran reducir la marginación.

El debilitamiento de la legislación laboral es otro indicativo de que los gobernantes no están logrando ser efectivos.

Según el decimoctavo informe del Programa Estado de la Nación, presentado la semana pasada, ese errático comportamiento incide directamente en las crecientes brechas económicas y sociales. Es impostergable tomar cartas en este asunto político.

Buscando ajustes

Pero hay alternativas. Jorge Vargas, director a. í. del programa, recalca que es necesario hacer una pausa y mirar hacia temas como el creciente número de personas en pobreza, por efecto del aumento demográfico.

Esto contrasta con la caída en la inversión social, que bajó en un 0,5% entre el 2010 y el 2011.

Así, los programas sociales tuvieron que enfrentarse a una contracción del -5,5% per cápita y del -6,3% en el caso de la educación, donde persisten brechas.

Hay que pensar en destinar más fondos y repensar su utilización. Vargas cree que además de enfrentar el déficit fiscal, que ya tocó al sector social, debe venir una reforma al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), rector del área, para afinar el destino de sus recursos, pues el perfil de los pobres, aseguró, no ha cambiado en 20 años, pese al elevado gasto.

El sociólogo José Carlos Chinchilla opina que la revisión debe arrojar el refuerzo de las instituciones del sector.

Deslegitimación que pesa

Empero, las acciones políticas, lejos de robustecer al sistema, lo han deslegitimado.

Con una palmada sobre la mesa, el Estado de la Nación llamó al Gobierno a la responsabilidad para que abandone la tendencia de aprobar leyes que, en un 68%, crean nuevas obligaciones al Estado, sin que se se garanticen los recursos para cumplirlas.

Esa propensión, según Vargas, explica en parte la caída hasta un 56% del apoyo ciudadano al sitema político. Se trata de la frustración de reclamar nuevos derechos que fueron otorgados por ley, pero imposibles de cumplir.

El politólogo Daniel Calvo cree la solución podría estar en aprobar un viejo proyecto que propone incluir el principio de responsabilidad presupuestaria, un filtro de leyes sin financiamiento claro.

Lo incomprensible, afirmó Calvo, es que los diputados votaron en contra de ese plan de ley, al inicio de la actual Asamblea.

Hay otras formas de enfrentar la deslegitimación. El politólogo Constantino Urcuyo cree que otra de las soluciones para fortalecer la institucionalidad es abrir la puerta de los partidos a representantes del sector social medio y de profesionales exitosos que han escalado desde las clases bajas. Hasta ahora, ese grupo ha estado fuera de la representación popular, acaparada por los políticos tradicionales.

Pero el aumento en la protesta civil –632 movilizaciones sociales de todo tipo en el 2011– revela que la ciudadanía ya tomó otra ruta para hacerse escuchar.

También economía y educación

Para revertir ese proceso y empezar a caminar hacia la inclusión, Vargas afirma que al país le urge encadenar toda su producción con el sector moderno de la economía que, en su conjunto, creció un 4,2% en el 2011.

Tal acción la considera fundamental para tratar de cerrar los patios de la miseria e impedir que allí entren más cuidadanos.

El intento de que la “nueva economía” remolque a todos los vagones, debe basarse en que las entidades más modernas del Estado ministerios como Comercio Exterior y las universidades empiecen a mirar hacia la vieja economía, compuesta por sectores como el agrícola y el de la construcción, con el objetivo de actualizarlas.

La mayoría de los obreros de sectores como servicios, industria y agro, entre 25 y 39 años de edad, no alcanzan, en un 40%, a completar la secundaria.

De ahí que uno de los cambios urgentes es afinar el sistema educativo, para alinearlo con las exigencias del sector más dinámico y, a la vez, fortalecerlo como factor de movilidad social, propone Urcuyo.

El Estado de la Nación también deja ver la realidad de una Gran Área Metropolitana (GAM) que acapara el desarrollo industrial. Apenas un 12,5% de los 81 cantones camina de la mano de la nueva economía.

Allí se come de la crema que les sirve el Estado, interesado en fomentarlos para atraer Inversión Extranjera Directa (IED).

El resto del territorio se debe conformar con municipios anquilosados y excluidos.

Aquí se evidencia para los expertos el proyecto para transferir a los ayuntamientos competencias y recursos, para que se encarguen del desarrollo local, sin tener que suplicar a San José. Pero al plan no se le conocen avances.

En tanto, las brechas entre el Valle Central y el resto del país toman forma en las cifras.

Mientras en la GAM abundan los profesionales con altos salarios, crecientes en un 4% durante el 2011, más allá de sus límites pululan trabajadores que vieron sus flacos ingresos caer en un 7,2%, hundiéndolos más en la pobreza.

El resultado es un país fragmentado, con dos economías que se hablan poco y una política que no da respuestas.

Empero, este cuadro que en años pasados fue reportado, cada vez se deteriora más. Tomar acciones para revertir este déficit político ya es impostergable.

Fuente

Cortesía de la Cámara de Comercio de Costa Rica

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/deficit-politico-fiscal_0_187781256.html

Hacienda explora revivir plan fiscal

  • Crear el IVA y normar precios de transferencia se perfilan como los ejes de un nuevo paquete tributario aún en borrador

El Ministerio de Hacienda se prepara y explora para resucitar al plan fiscal… aunque en una versión ligth que, con objetivos más “potables”, evite los excesos que aniquilaron la versión original.

El ministro de Hacienda, Edgar Ayales, se rehúsa a revelar las facciones del nuevo ser tributario y pide espacio para que, primero, lo dejen terminar con la colocación de los bonos de deuda externa o “eurobonos”.

La prioridad del Gobierno ahora está en la deuda y no en la recaudación. Empero, hay pistas sobre los componentes de la nueva iniciativa. Existe un borrador que ya circula por varias manos.

Los ejes

Así, el jerarca Ayales dirige su mirada hacia las huellas que dejó su antecesor, Fernando Herrero.

En el laboratorio de Hacienda se gesta un plan que también contempla la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en sustitución del actual Impuesto sobre las Ventas.

En el plan fiscal fallido, el IVA representaba un 70% de la expectativa de nueva recaudación, que hubiera alcanzado el 1,5% del PIB adicional por año.

En aras de mantener la “potabilidad” de la reforma, el pilar del IVA sería igual al negociado a finales del año pasado por Hacienda con sectores que lograron diversos plazos para diluir el aumento de la tasa de un 14% a un 13%. Ese incremento en la tarifa se ve como poco probable en el nuevo proyecto, que privilegiaría el aumento en la base impositiva del tributo.

En el detalle, expertos en derecho tributario como José María Oreamuno, Diego Salto y Allan Saborío, coinciden al opinar que Hacienda debería incluir en el IVA la posibilidad de que el crédito fiscal se aplique sobre la base financiera y no sobre el concepto de incorporación física, hecho que le ha traído dolores de cabeza a sectores como el exportador y el de productores de bienes incluidos en la canasta básica.

Se mantiene la condición fundamental del IVA para aumentar la recaudación, las reformas a la renta tienen un matiz administrativo y de aclaración de normas. Con ese sentido, los cambios se enfocan en definir las normas de los precios de transferencia.

En la actualidad, esa materia la rige la directriz 20-03 de la Dirección General de Tributación (DGT), sin que exista una definición de parámetros de aplicación en la legislación costarricense.

Están ausentes definiciones como cuándo se considera que dos o más empresas están vinculadas, qué es un precio de transferencia, el establecimiento de los cinco métodos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para deteminar la vinculación, y la posibilidad de hacer acuerdos previos de precios de transferencia entre la administración tributaria y los contribuyentes, entre otros.

Las reformas de carácter administrativo pasan por la necesidad de afinar aspectos que las nuevas leyes, como la de “Fortalecimiento de la gestión tributaria ”, han introducido en la administración.

Uno de esos puntos es el “Procedimiento determinativo”, que obliga al contribuyente a pagar primero y después recurrir a la DGT ante los tribunales por casos de traslado de cargos, siempre que presente una garantía bancaria para poder interponer recursos judiciales, lo cual podría resultar inconstitucional.

Déficit obliga a solución

Pero ¿qué obliga a Hacienda a rescatar de la tumba al plan tributario que falleció en brazos de la Sala Constitucional?

Durante este año, los resultados de la política fiscal no presentan una mejoría significativa.

A setiembre, el déficit fiscal fue de 3,2% del PIB; ni bajó ni subió con respecto al mismo periodo del 2011.

Hasta el tercer trimestre del 2012, Hacienda reportó que los ingresos tributarios crecieron en un 10,2%, comparado con el 9,3% del 2011.

Sin embargo, los gastos del Gobierno siguen creciendo.

Mientras a setiembre el 2011 se reportó un 9,2% de aumento, un año después el porcentaje de incremento fue de un 9,7%.

El gasto de capital también se aceleró al tercer trimestre con respecto al 2011.

Este año creció un 11%, mientras que hace 12 meses tuvo una caída del 5%. Hacienda explica este fenómeno en las transferencias que ha realizado para rescatar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la crisis.

En tanto, el presupuesto ordinario del 2013 está financiado en un 43% con emisión de deuda interna.

Las cifras y los porcentajes explican, en parte, por qué Hacienda insistirá en hacer caminar de nuevo su reforma fiscal.

Otro elemento que pesa en la obligada resurrección del paquete tributario es el poco avance que ha experimentado el proyecto de “ Ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas ”, que llegó al Congreso en abril pasado como un plan B, y que aún no ha superado sus primeras etapas de discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Expectativas a revisión

Con el fallido proyecto de “Ley de solidaridad tributaria”, que se ahogó entre vicios sustanciales de trámite, originalmente el Poder Ejecutivo esperaba recaudar 2,5% del PIB adicionales por año.

Después de múltiples negociaciones la expectativa recaudatoria se redujo a un 1,5% de la producción nacional, distando mucho de la cantidad de recursos frescos necesarios para tapar el agujero que existe en las finanzas públicas.

Esas expectativas recaudatorias, según los expertos, no variarían en un nuevo paquete, e incluso, podrían bajar todavía más, al sacar del radar reformas como aumentar la tasa sobre las rentas pasivas, gravar las ganancias de capital y a las cooperativas y asociaciones solidaristas, como lo prevén los tributaristas.

A la trinchera en plena guerra

Tales vaticinios surgen cuando se repara el contexto político durante el 2013, cuando Hacienda pretende enviar a los diputados el renovado plan fiscal.

Para entonces, la mayoría de partidos políticos estarán en plena efervescencia por la elección de sus candidatos a la Presidencia para las elecciones del 2014.

En ese contexto, históricamente el Parlamento ha permanecido entrabado, cerrando los espacios a planes de gran calado.

Así lo acepta el jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Fabio Molina, quien, sin embargo, cree que el Congreso actuaría con valentía al recibir un tema así en media guerra política, y trasladó toda responsabilidad pasada y futura por el fracaso de planes fiscales a la Sala Constitucional.

El líder citó al Partido Acción Ciudadana (PAC) y a Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), entre los aliados del PLN en la nueva intentona tributaria.

Pero Víctor Granados, del PASE, y Jeannette Ruiz, del PAC, ponen como condición para apoyar la nueva reforma que guarde un sentido de progresividad.

Granados, quien preside el Congreso, consideró beneficioso discutir un proyecto tributario en plena campaña, para obligar a los candidatos a aclarar posiciones.

Hacienda parece coincidir con esos criterios.

También parece pasar por alto que, en la trifulca venidera, su ser tributario podría terminar tan solo como un zombi.

Lo mismo le ocurrió a otros planes tributarios en las administraciones de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), con su propuesta de concertación nacional, y a Abel Pacheco (2002-2006) con su ostentoso “Pacto fiscal y de reforma fiscal estructural”, que transitó sin pagar peaje hacia el reino de los muertos.

Hacienda y expertos, visión de prioridades

El Ministerio de Hacienda va por una disminución del déficit, los expertos piden eliminar grises de la legislación y aclarar las reglas:

Propuesta del Gobierno

Ideas de expertos

Reforma al IVA . Sería menos agrevisa que en el plan fiscal original, limitándose a ampliar la base de bienes y servicios gravados.

Reforma a Renta. Se enfocaría en aclarar aspectos grises de la ley actual, con el fin de modernizar la legislación.

Ajustes. El Ministerio de Hacienda añadiría detalles de las nuevas leyes de fortalecimiento y modernización de la gestión tributaria.

Revisar atribuciones . Las últimas leyes tributarias le dieron mayores potestades a las autoridades para corregir normas obsoletas.

A aclarar grises. Dudas por nuevo marco se resuelven de manera arbitraria o contradictoria, en perjuicio de los contribuyentes.

Ajustes. En renta se puede procurar la globalización y universalización del impuesto, mientras pasar al esquema del IVA es necesario.

Fuente Entrevistas EF.

Cortesía de la Cámara de Comercio de Costa Rica

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Hacienda-revivir-plan_fiscal_0_183581661.html

Con cuentagotas plan fiscal

  • Ultimo intento para lograr la aprobación mediante una serie de reformas aisladas
  • Discusión arrancaría el próximo año y pretende incluirse dentro de la campaña electoral

El gobierno de Laura Chinchilla no se da por vencido y espera aprobar un nuevo paquete de impuestos antes de que termine su cuatrienio.

Sobre la mesa se analizan dos opciones, presentar con cuentagotas varias reformas por separado, o bien, enviar una sola gran propuesta al Congreso.

La primera alternativa pretende desmenuzar el fallido plan fiscal, con la intención de aprobar poco a poco aquellos temas donde casi no hubo oposición y que por ende obtendrían el aval de los diputados con mayor facilidad.

Aunque también se analiza consensuar otros aspectos donde existió resistencia. Sustituir el impuesto de ventas por el IVA, con lo cual no solo se tasaría a los bienes, sino también a los servicios, es uno de los temas que más le interesa aprobar a Edgar Ayales, ministro de Hacienda. Asimismo, entre las reformas primordiales a impulsar, valora varias modificaciones al impuesto de renta.

Aunque no descarta ninguna de las aristas que se incluyeron en ese proyecto. Recientemente el oficialismo envió al Congreso un proyecto de ley para exonerar del impuesto de renta a un porcentaje importante de los pensionados del Magisterio Nacional y que establece una tasa de interés a las remesas al exterior.

Esos dos temas venían contemplados en el plan fiscal que promovió el Poder Ejecutivo y que no habían despertado muchos opositores. “La reforma del Magisterio busca equipararlos con las condiciones que ya tiene el resto del sector público.

En un futuro cercano estaríamos presentando pequeños proyectos de ley, con reformas importantes que hacen falta y que tenían mayoría en el plan fiscal que la Sala Constitucional se trajo abajo”, dijo Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia.

Entre tanto, la segunda opción presenta una propuesta integral de “consolidación fiscal”, que incluya tanto nuevos ingresos, como los gastos y opciones para financiar el presupuesto.

De primera entrada, la intención es llevar el tema a la Asamblea Legislativa el próximo año para que las reformas se aprueben antes de que Chinchilla entregue el poder en mayo de 2014.

Cuál de las dos opciones se utilizará, eso dependerá de la coyuntura en el seno del Congreso y la factibilidad que tengan ambas alternativas, aunque el Gobierno pretende que la reforma fiscal sea un tema de campaña electoral. “Una reforma fiscal ya no va a beneficiar a esta administración, pero el país no se puede dar el lujo de mantener una situación deficitaria. Los candidatos deben comprometerse y decir abiertamente si están a favor o en contra de una reforma. Vamos a aprovechar que la Presidenta quiere echarse el último pulso en este sentido”, explicó Ayales.

Si bien la propuesta final aún no está concluida, desde hace semanas funcionarios del Ministerio de Hacienda se reúnen con diferentes sectores productivos, así como sindicales y políticos, en aras de consensuar un nuevo texto.

Tras más de un año de discusión y tras haber sido aprobado en primer debate, el paquete de impuestos impulsado por la presidenta, la Sala Constitucional devolvió el texto a comisión.

El 10 de abril pasado los magistrados llegaron a la conclusión de que la iniciativa se aprobó mediante un mecanismo incorrecto.

Fuente

Cortesía de la Cámara de Comercio de Costa Rica

http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=5332641

Reformas fiscales

Clave fiscal

El pasado 27 de agosto, después de varios meses de estudio y negociaciones se aprobaron dos leyes que son trascendentales, más que en el quehacer de la vida fiscal en la tributaria del país. Estas leyes son: Transparencia fiscal y Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. Originalmente entraron en la corriente legislativa como normas de acompañamiento al fallido proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria,de orden meramente tributario, pues tocaba las leyes fundamentales de renta y de impuesto de ventas.

¿Qué debemos saber los contribuyentes y los agentes económicos de estas leyes? De manera sintetizada, respecto de la Ley de Transparencia Tributaria, el cambio en las reglas de deberes de terceros, incluidas las entidades financieras, tanto nacionales como las que siendo extranjeras de origen tengan oficinas de negocios en Costa Rica y sean sujetas a la supervisión del la SUGEF. Esto conlleva a la eliminación concreta del secreto bancario, contenido por norma legal en el Código de Comercio, el cual fue reformado en este aspecto sustancial así como en todas las referencias relativas a la posible interpretación de existencia de acciones al portador. De igual forma, estas facultades amplias de la Administración Tributaria costarricense en acceso a la información bancaria se facilitan a los países con los que Costa Rica ha firmado y ratificado convenios de intercambio de información tributaria, siendo este un aspecto importante a tomar en cuenta para los residentes con obligaciones fiscales en dichas jurisdicciones.

En relación con Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, los aspectos sustantivos están en reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aumentando de manera severa las multas, duplicando las actuales de 25% y 75 % al menos, en los casos de diferencias por cualquier motivo en las declaraciones de impuestos que sean fiscalizadas y determinadas con diferencias. A la vez, esto conlleva una situación especial en cuanto al aumento del monto que establece las condiciones para la configuración de la conducta de delito tributario, aumentando de los actuales 250 salarios base a 500 salarios base.

Fuente

Cortesía de la Cámara de Comercio de Costa Rica

http://www.nacion.com/2012-09-03/Economia/reformas-fiscales.aspx

La Nación

Gobierno dará prioridad a proyecto de Contingencia Eléctrica y Fiscales

  • Durante periodo de sesiones extraordinarias
  • Los proyectos fiscales fueron aprobados en primer debate por parte de los diputados y esperan que se agende la votación en una segunda ronda, en unos diez días.

El Gobierno anunció que para el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa que inicia hoy y donde el Ejecutivo tiene el control de los proyectos que se convocan, darán prioridad al de contingencia eléctrica y a los relacionados con temas fiscales.

Según explicó Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, pese a la protesta de este lunes el Proyecto de Contingencia Eléctrica será prioridad para el Gobierno por la necesidad que tiene el país en este tema, lo mismo que todos los que tienen que ver con el tema fiscal y la mejora en la recaudación.

Además entre la lista de proyectos que convocarán en el tema de seguridad la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal (brazaletes), la Ley contra la Trata de Personas y actividades conexas, así como la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia frente a la Violencia y el Delito de las Tecnologías informáticas.

Otro punto de importancia para el Gobierno es el de comercio, donde buscarán avalar la Ley de Aprobación del Acuerdo entre Costa Rica y China para la Promoción y Protección de Inversiones así como los Tratados de Libre Comercio con Perú y Singapur.

Benavides recalcó que todos estos son proyectos de gran importancia para el país, con los que esperan generarle beneficios a los costarricenses y hacerle frente a la difícil situación económica que se enfrenta.

Fuente

Cortesía de la Cámara de Comercio de Costa Rica

http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/68269-gobierno-dara-prioridad-a-proyectos-de-contingencia-electrica-y-fiscales.html

Jarmon Noguera G.

Congreso avala leyes alternas al plan fiscal; falta eurobonos

Ejecutivo retoma control de agenda

  • PLN cede ante las exigencias opositoras y aprueba planes para mejorar recaudación

  • Diputados votarían hoy texto para que Gobierno se endeude por $4.000 millones

Los diputados votaron ayer a favor de dos de las tres leyes de la agenda alterna al fracasado plan fiscal.

Queda pendiente el proyecto conocido como eurobonos que, en teoría, se votaría hoy.

Los legisladores le dieron el aval en primer debate al plan 17.677, denominado Ley de Transparencia Fiscal, y al expediente 18.041, conocido como Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria.

Ambos proyectos son parte de la agenda fiscal del Gobierno que surgió a raíz del tropiezo del plan de impuestos que impulsó el Poder Ejecutivo con el Partido Acción Ciudadana (PAC), el año pasado.

Con la aprobación del plan de transparencia, el Ejecutivo busca sacar al país de la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Mientras tanto, con el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria se procura dar al Ministerio de Hacienda herramientas eficientes para el cobro de tributos.

La votación de ambos proyectos de ley era la piedra en el zapato para el Poder Ejecutivo, en vista de que el PAC condicionó el voto al plan de eurobonos a que se aprobaran estos dos expedientes.

El jefe del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), Fabio Molina, dijo que fue necesario ceder en negociaciones con la oposición para lograr la votación.

“Aceptamos no votar primero eurobonos y también se aceptó modificar el proyecto” de transparencia, reconoció Molina.

“En fortalecimiento se votó una moción de José María Villalta que plantea que los morosos con la Caja no puedan beneficiarse con contratos con el Gobierno. También aceptaron cambios propuestos por Luis Fishman y el PAC para fortalecer el acceso a la información tributaria.

Los cambios le valieron el compromiso de la oposición para que hoy se ponga a votación el plan denominado eurobonos, que permite al Poder Ejecutivo endeudarse hasta por $4.000 millones.

A criterio del Ejecutivo, este endeudamiento le permitirá aliviar el alza en las tasas de interés de préstamos del ciudadano de a pie.

La jefa del PAC, Yolanda Acuña, indicó que con la aprobación de esos planes, ayer, se da al Ejecutivo lo que pide y logran mayor control sobre el manejo financiero, y que esta era la idea de exigir que se votaran antes que el de eurobonos.

Fuente

Cortesía de la Cámara de Comercio de Costa Rica

http://www.nacion.com/2012-07-31/ElPais/congreso-avala–leyes-alternas-al-plan-fiscal—falta-eurobonos.aspx

EstebanA. Mata

Terminan de sepultar Plan Fiscal

  • Congreso archiva proyecto

La Comisión de Consultas de Constitucionalidad, misma que es presidida por Luis Gerardo Villanueva, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), tomó la decisión de archivar el polémico proyecto de Solidaridad Tributaria, pues encontraron que la posición de la Sala IV y la “inviabilidad política” hacía imposible su aprobación.

“A nosotros nos parece que este expediente tal y como lo indicaba la resolución de la Sala era insalvable, no solo porque retrotraía los trámites a un punto donde si no se tenía los 38 votos no se podía seguir. Ellos vieron esos defectos y de haberse dado curso a la aprobación del proyecto en primer debate, la Tribunal Superior amenazó con presentar una nueva revisión donde señalarían nuevos defectos”, explicó.

Según manifestó el verdiblanco, no tenía lógica continuar con el plan fiscal, pues esto conllevaría un gasto económico innecesario, además de “esfuerzo”, pues aseguró que no existe viabilidad política ni jurídica respecto a este tema. Es en ese momento en que, recomiendan el archivo del expediente en la sesión del jueves anterior a salir a vacaciones.

“Nos parece que la Sala fue contradictoria, porque luego de establecer una interpretación de que los plazos son ordenatorios y no perentorios, ahora resulta que cambió exactamente a lo contrario. Lo importante que debemos rescatar es que en un futuro los plazos que establezca una moción de tramitación rápida 208 bis son perentorios, o sea se acata el plazo sin que se pueda alegar después violación al derecho de enmienda”, anunció.

Villanueva considera que la conclusión “más importante” es que “desgraciadamente” para el derecho parlamentario costarricense, ellos no pueden discutir si tiene razón o no la Sala IV, porque a su criterio es esta instancia la que al final de cuentas decide sobre la tramitación parlamentaria. “Cuando se piense en nuevos ingresos se ha de pensar en nuevas formas y no en este plan, como por ejemplo, en el mejoramientos de los instrumentos para el cobro de los impuestos existentes. Este proyecto feneció para bien y para mal de muchos, ya que con esto los que más tenían hubiesen pagado más impuestos”, finalizó el verdiblanco.

Fuente

Cortesía de la Cámara de Comercio de Costa Rica

http://www.diarioextra.com/2012/julio/10/nacionales6.php

José Quirós Gallegos

Plan B fiscal, cerca de pasar al Plan C

  • Oposición torpedea propuesta de Zapote para paliar situación financiera y obligará a cambios de fondo

El cambio es lo único seguro en el trayecto del plan de “Ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas”, el “plan B” que el Gobierno presentó ante el colapso de la reforma fiscal.

Elaborado como opción de emergencia que Zapote esperaba lograra un trámite expedito (el ministro de Hacienda, Edgar Ayales, solicitó que se aprobara en un mes), enfrenta la necesidad de cambios de fondo.

De no ser así, el proyecto seguiría los pasos de su antecesor, ante las negativas de las fracciones de oposición.

La mutación es obligatoria. Hacienda lo sabe y ya prepara su propio contingente de mociones.

Empero, ello obligará a replantear acciones, cifras y posibles impactos. Acaso sea tiempo de hablar de un “plan C”.

No de entrada

Igual que el fenecido plan fiscal, el “plan B” de la presidenta Laura Chinchilla despertó las críticas desde el principio.

El diputado Gustavo Arias, representante del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la Comisión de Asuntos Hacendarios, afirmó que los pecados del nuevo plan empiezan desde la definición de conceptos. “No se tiene claro qué son los servicios divisibles ¿Será que el usuario tendrá que pagar más por ponerse una vacuna en el Seguro Social?”, cuestionó.

El plan sugiere que las instituciones públicas cobren por los servicios que brindan al público, para financiarse. La propuesta estima como servicios divisibles aquellos cuyo consumo individual se puede determinar y controlar. Aún así, no brinda claridad.

Arias también considera una carga peligrosa la propuesta de que la Contraloría y otras entidades de control se financien en su totalidad con el cobro de un canon sobre el presupuesto de las entidades que fiscalizan: “Solo en la Caja Costarricense de Seguro Social implicaría una carga de casi ¢3.000 millones”, dijo alarmado.

Sin reparos en sus términos, el libertario Manuel Hernández calificó como malísimo el proyecto para mejorar el manejo de las finanzas públicas.

“Todas las entidades a las que les hemos solicitado criterio se han opuesto al proyecto, porque todas salen perjudicadas en sus presupuestos”, sostuvo.

Falla estructural

Más allá de sus contenidos, el diputado Luis Fishman, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), ve los problemas del proyecto desde su concepción.

Para el congresista, el Poder Ejecutivo debería aprovechar la buena voluntad actual del Parlamento para presentar una ambiciosa reforma del Estado, que le permita ahorrarse algunos miles de millones de colones.

Alicia Fournier, diputada liberacionista que preside Asuntos Hacendarios, acepta las fallas del “plan B” pero , de inmediato, declara que el panel escucha con atención todas las críticas que vienen de los diputados y de las instituciones que se consideran perjudicadas, para trasladárselas al Ministerio de Hacienda.

Fournier es positiva. Cree que el proyecto todavía se puede rescatar del oscuro archivo legislativo.

Hacienda, conocedora de lo poco que aportaría el plan en materia de recaudación, unos ¢68.000 millones anuales, destaca su valor para mejorar controles sobre el gasto. Pero, para contar con la herramienta, tendrá que permitir que los diputados incluyan su toque personal.

El debate de la iniciativa apenas inicia, pero se vislumbra extenso y lejano de consensos políticos fáciles… similar al plan A.

Así, es casi imposible que el Congreso pueda votarlo en tiempo récord, como lo pretende la desesperada Casa Presidencial.

Críticas de todos

Libertarios: Hace falta afinar cuáles instituciones sí pueden trasladar el 25% de sus ganancias al Gobierno Central y en qué se usarán esos recursos. Hay instituciones que quedarían amarradas bajo esas condiciones.

PUSC: El error está en el fondo del plan, que no entra a valorar en serio la disfuncionalidad del Estado costarricense. Lo consideran como medidas únicamente cosméticas que no profundizan para terminar el problema.

PAC: Manifiestan temor por el cobro de servicios públicos divisibles, ante un eventual perjuicio a los usuarios. Creen que la banca pública perdería competitividad al tener que mantener al resto del aparato público.

Fuente

Consultas EF.

Cortesía de la Cámara de Comercio de Costa Rica

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/julio/08/economia3223690.html

Gerardo Ruiz Ramón

Tasas altas, bancos públicos aportan su cuota

 

 

Los bancos públicos tienen su cuota de responsabilidad en la subida de las tasas de interés. Los estatales subieron los rendimientos que pagan por los depósitos en colones debido a la competencia por captar dinero con el Gobierno y satisfacer el crecimiento crediticio. Los ganadores con esta medida son los ahorrantes, que reciben un mayor interés por los recursos que tienen en el banco. Pero pierden las empresas y las familias que tienen préstamos en colones, porque sus créditos se encarecen cada mes. La colocación de empréstitos en dólares también se favorece por las bajas tasas de interés actuales frente a las de colones. La responsabilidad solidaria de los bancos públicos en la subida de la Tasa Básica Pasiva (TBP), índice que determina el costo de los empréstitos en colones, fue señalada por el Banco Central. Para la entidad supervisora, las instituciones financieras estatales aumentan la captación de colones porque necesitan responder al alza de la demanda crediticia. Sin embargo, los bancos tienen en el Gobierno central a un principal competidor por los mismos recursos, dada su necesidad urgente de financiarse.

Hasta la primera quincena de mayo, el Ministerio de Hacienda captó más de ¢567 mil millones, lo cual significa un crecimiento de casi el 60% comparado con el mismo periodo de 2011. Los bancos públicos no se quedan atrás, ya que su necesidad de colones creció casi un 20%. “Los bancos del Estado junto a Hacienda son los mayores demandantes de colones. No se puede responsabilizar a uno o más actores por las variaciones en la TBP, porque es reflejo de la dinámica del mercado”, dijo Mario Rivera, gerente general del Banco de Costa Rica. El resultado de la batalla de instituciones públicas es que está “secando” al país de colones a corto plazo. La consecuencia es que todos los actores financieros que necesitan la moneda nacional suben sus intereses para captar.

Los beneficiados inmediatos son los ahorrantes y los inversionistas, porque sus ganancias crecen con solo dejar su dinero en los bancos públicos o dárselo al Gobierno. “Para los clientes que ahorran, el efecto es positivo, pues obtienen una rentabilidad real muy alta por su dinero”, dijo Bernardo Alfaro, subgerente general de Riesgo y Finanzas del Banco Nacional. Sin embargo, esta dinámica financiera tiene como perdedores a todas aquellas familias y empresas que solicitan sus créditos en colones indexados a la evolución de la TBP. Para los clientes con deudas en colones se produce un encarecimiento de sus obligaciones.

También hay un riesgo de un aumento en la morosidad de la cartera crediticia y como consecuencia un incremento en el gasto por las provisiones de empréstitos incobrables. Al final, golpearía las utilidades de los bancos, principalmente los estatales, pues colocan más recursos en colones, enfatizó Arnoldo Trejos, subgerente general de Bancrédito. Asimismo podría darse un enfriamiento en la colocación crediticia en los próximos meses, dado que los préstamos en moneda nacional se han encarecido. “La demanda de crédito en colones podría verse afectada negativamente ante el crecimiento de las tasas de interés, incidiendo sobre las metas de colocación del año”, enfatizó Maurilio Aguilar, director de Gestión Corporativa del Banco Popular.

Los bancos privados son menos afectados por esta dinámica dado que la mayoría de sus créditos son en dólares. De hecho, a mayo, subió la colocación de préstamos en esta moneda en un 16% porque los intereses de la divisa son más bajos frente a los de colones. Mientras que durante el mismo periodo, del año anterior, la evolución interanual era apenas del 5%. “Ahora es más atractivo el segmento de créditos en dólares por los bajos intereses y las opciones de tasa fija. Somos más optimistas sobre la demanda de nuestros productos”, enfatizó Jean-Luc Rich, gerente general de Scotiabank.

 

Fuente

Camara de Comercio de Costa Rica

http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=5327862

Oscar Rodríguez – La Republica

 

Desorden salarial: ganancia de pocos

  • Crece planilla estatal hasta un 50% en cuatro años
  • Rehúsa gobierno revisar distribución de empleo público

El desorden en el sistema de contratación del Estado permite el beneficio de los empleados públicos sobre el resto del país que lo financia con impuestos y tarifas de servicios públicos. La existencia de más de un centenar de privilegios y pluses salariales genera que la planilla gubernamental engruese.

En tan solo cuatro años creció más de un 50%. La solución sería una revisión del empleo público. Sin embargo, la administración de Laura Chinchilla rehúsa esa posibilidad, pese a reconocer que el pago de salarios es el mayor detonador del gasto público y por ende del déficit fiscal. Mientras que el Estado controla y favorece el establecimiento de un sistema de salarios mínimos estricto en las empresas privadas, el sector público es un mar de abundancia.

La carencia de un único régimen de contratación permite que haya trabajadores públicos que ganan hasta siete veces más que otros que realizan funciones parecidas y no necesitan requisitos adicionales para dicho cargo. De hecho hay un crisol de puestos dentro del Estado que permite que haya más de una decena de categorías de enfermeras en la Caja de Seguro Social, por ejemplo. Mientras que un profesional de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tiene un salario base del doble de alguien con las mismas características en el Ministerio de Educación. “Hay disparidades salariales irrazonables y desproporcionadas, las cuales oscilan entre el 225% y el 614% del salario reconocido para algunos funcionarios”, descubrió la Contraloría General de la República.

Actualmente el Estado tiene una fuerza laboral de poco más de 350 mil personas, mientras que en el sector privado son más 800 mil. Las diferenciaciones en los sueldos ocurren porque el Estado ha permitido una diversidad de privilegios entre sus instituciones. Las mayores disparidades suceden en las descentralizadas y en algunas empresas públicas. Esto ocurre porque la relación entre el patrono y los trabajadores es establecida a través de convenciones colectivas. En estos contratos, los trabajadores negocian sus condiciones laborales con sus jerarcas políticos y en muchos casos no prima ningún parámetro financiero para el otorgamiento de los privilegios.

En el Régimen de Servicio Civil sí hay mayor control y estandarización en los puestos. Sin embargo, solo los ministerios están bajo este sistema. El resto de las instituciones públicas es regido por sus propias directrices. Es precisamente esta situación la que generó, en tan solo cuatro años, un crecimiento de la planilla estatal de más de un 50%. El problema actual es que no hay forma de limitar el aumento de la planilla de más de un centenar de instituciones. Son los propios jerarcas de estos entes quienes determinan los límites.

No hay un órgano rector que restrinja los abusos salariales. Los más recurrentes son las alzas extraordinarias y los beneficios extras que representan hasta un 60% del salario de un empleado. La Contraloría y la Presidencia solo pueden instarlos a contratar menos personal, pero no obligarlos a detener el crecimiento de la planilla, pese a que son entes públicos. Incluso hay entes que no cumplen con la directriz de restricción del gasto. Por cierto que el Gobierno desechó revisar el actual sistema de empleo público. El objetivo era regular el crecimiento de los burócratas, argumentaba una directriz presidencial de noviembre pasado, posteriormente derogada. Sin embargo, la administración de Laura Chinchilla aceptó negociar con los líderes gremiales los cambios en la contratación de burócratas. Pese a que los sindicatos advirtieron, desde un inicio, que no renunciarán a la rebaja de sus derechos laborales. Con lo cual la posibilidad de hacer alguna reforma que frene el crecimiento del Estado es poco probable. La salida por la cual ha optado el Gobierno es la de obligar a todos los entes públicos, con excepción del Instituto Costarricense de Electricidad, a entregar al Ministerio de Hacienda su información sobre empleo, salarios, gasto total y endeudamiento.

Dicha propuesta está contemplada entre las medidas fiscales extraordinarias presentadas en abril pasado. Sin embargo, se requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa para que el Gobierno pueda emitir lineamientos sobre gasto público.

Aunque dichas directrices continuarían sin ser de acatamiento obligatorio para las instituciones con autonomía.

 

 

Fuente

Camara de Comercio de Costa Rica

http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=5327858

Oscar Rodríguez  – La Republica

 

 

 

 

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